Corrupción en Vialidad: de ser la "favorita" del kirchnerismo para la obra vial, Santa Cruz pasó a no recibir nada

Santa Cruz fue la beneficiaria de 51 licitaciones de obras viales durante los gobiernos kirchneristas. La justicia corroboró que fueron adjudicadas sistemáticamente a Lázaro Báez y de forma regular. Esas rutas representaron el 12% del presupuesto de Vialidad Nacional. Sin los funcionarios del organismo, la “Organización criminal no habría sido posible”. Ahora, el Gobierno libertario cerró la Dirección Nacional de Vialidad y licitará más de 9.000 km de ruta: ninguno será en la provincia patagónica.

La corrupción corroborada en el caso Vialidad y que condujo a Cristina Kirchner a su primera condena de cumplimiento efectivo, fue uno de los argumentos del anuncio de este lunes en la Casa Rosada respecto al cierre del organismo vial.

“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”, sostiene la acusación central de la investigación en ese expediente y a la que hizo referencia el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La determinación de cerrar el organismo vial estuvo acompañado de otro anuncio: se licitarán 9.154,67 kilómetros distribuidos en dieciocho tramos, que representan el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentran el 80 por ciento del tránsito.

En ese plan de compulsas de precios, Santa Cruz no está incluida: la prioridad “son las concesiones con cobro de peaje”, informaron a Clarín fuentes oficiales.

Obra pública y Santa Cruz estuvieron en una misma oración por décadas. Incluso, en expedientes judiciales. Pero desde que asumió la presidencia Javier Milei, la provincia gobernada por Claudio Vidal dejó de percibir 24.830 millones que estaban contemplados para obras en ejecución sobre rutas nacionales centrales, como la 3 y la 40.

Por ejemplo: El proyecto original de la autovía Caleta Olivia-Rada Tilly, que contaba con tres tramos, se licitó hace 17 años con un presupuesto de $ 674 millones y un promedio del 37% de realización. El Gobierno de Cristina terminó pagando a dos constructoras de Lázaro Báez 2.892 millones de pesos: un 329% más. La obra sigue inconclusa.

A ese escenario se suma el cierre de Vialidad Nacional, que trae aparejada la determinación de no licitar rutas en suelo santacruceño. El gobierno de la provincia tenía desde hace más de seis meses un listado confeccionado por la Agencia de Vialidad Provincial, donde se consignaba la cantidad de obras por las que ya no percibirán ingresos de la Casa Rosada.

Eran un total 40 obras que incluyen varias en ejecución como otras que habían sido adjudicadas pero no iniciadas. Ese detalle incluía obras que le fueron otorgadas a Lázaro Báez hace 16 años y a la fecha siguen inconclusas.

Lo cierto es que, por el momento, el Gobierno nacional decidió que esas rutas que fueron emblema de la corrupción no será ofertadas nuevamente. No están siquiera incluidas en planes a futuro de licitaciones de obras.

Una fotografía totalmente antagónica a lo que sucedió durante los doce años de administración kirchnerista a nivel nacional. Santa Cruz recibió el 12% del presupuesto global de Vialidad Nacional y el 86% de los contratos licitados en la provincia terminaron en manos del mismo conglomerado empresarial, propiedad de Lázaro Báez.

En números, los 51 contratos que recibió el ex socio comercial de Cristina Kirchner representaron una erogación presupuestaria de 46.000 millones de pesos. La mitad de esas obras fueron abandonadas. Eso se volcó en una demanda civil contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados en el caso Vialidad: un reclamo por daños y perjuicios por 22.300 millones de pesos, es decir: el dinero que se pagó por rutas que nunca se terminaron.

Las irregularidades fueron muchas: simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica. El agravante es que la mitad de los contratos quedaron inconclusos.

Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa.

Allí radica el rol determinante que tuvo Vialidad Nacional en la maniobra defraudatoria que ocasionó un daño al Estado de 86.000 millones de pesos, cifra que se está actualizando en el presente para poder determinar la cifra final del decomiso.

La justicia lo llamó “el Estado a favor de Lázaro Báez”, quien contó -además-, con circuitos exclusivos de pago y al finalizar el gobierno de Cristina Kirchner en 2015, al único empresario que no se le adeudaba nada era a su entonces socio comercial.